La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya despejó cualquier duda sobre quiénes son los violadores de derechos humanos y los verdaderos responsables de los crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.
Fue el pasado martes en Ginebra cuando esta misión presentó al mundo el informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, en el mismo quedó develada la responsabilidad de la cadena de mando en los crímenes cometidos tanto por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
En un extracto de este informe se lee: “La Misión recibió información de que el director general (DGCIM), a su vez, recibe órdenes directamente del presidente, incluido en relación con quienes deben ser objetivo de las detenciones, aunque estas no se transmitan por escrito para evitar un rastro de papel.
Aunque el director general rara vez participe directamente en las operaciones o los interrogatorios, la Misión recibió información sobre algunos casos en los que ha participado directamente, especialmente en casos de gran importancia”.
Y al mencionar al presidente, por supuesto que se refieren a Nicolás Maduro Moros. Referencia que se valida en otra sección del referido informe, donde se especifica que: “Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el Presidente (Nicolás Maduro) tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al Director General y a los Directores de otras unidades del SEBIN”.
Así como queda señalada la responsabilidad de Maduro, de igual forma, son señalados la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro Tareck El Aissami, Diosdado Cabello, y los jefes de los organismos de inteligencia, DGCIM y SEBIN.
En el informe se revelan detalles que dan cuenta del talante criminal y cruel de quienes dieron las órdenes hasta quienes las ejecutaron. Señala, por ejemplo que la Misión encontró “motivos razonables para creer que el Presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos”.
Habla incluso de un círculo íntimo de asesores de confianza de Maduro, formado por «Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el Ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes. Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos”.
Otros de los funcionarios identificados en el tercer informe de la Misión de la ONU es el Director General de la DGCIM, Iván Hernández Dala.
“El Director de la DGCIM, el General Hernández Dala, depende del Presidente (Maduro) y ha sido nombrado en razón de su lealtad. Existe un contacto frecuente, una estrecha relación entre ambos: el Presidente está informado de lo que ocurre en la DGCIM y da órdenes directamente al Director. Dentro de la DGCIM, los funcionarios también ocupan una posición de confianza. Son nombrados y destituidos libremente por el Director General. La prueba sugiere que el Presidente tiene el poder de saltear las líneas oficiales de jerarquía dentro de la DGCIM, otorgando poder adicional a individuos específicos, como por ejemplo Granko Arteaga”.
Sobre Alexánder Enrique Granko Arteaga, director de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, indica que se trata de uno de los principales responsables por las torturas cometidas en el organismo.
Otro de los señalados en el referido informe, es alguien a quien personalmente me he ocupado de denunciar en diversas instancias internacionales como violador de derechos humanos y criminal, y es, nada más y nada menos que Gustavo González López, y tal como señala el escrito: “las torturas a los detenidos eran ordenadas en su mayoría por Gustavo González López y Carlos Calderón Chirinos. Si los agentes del SEBIN se negaban a participar en los actos de tortura, Calderón Chirinos los golpeaba para intimidarlos ‘y así hacerse respetar’”.
Hasta ahora el régimen, en intentos vanos de lavarse la cara ante el mundo y para huir de la justicia, ha acusado y juzgado a algunos ejecutores de crímenes, ahora que dirán ante estos señalamientos directos a toda la cadena de mando. Porque definitivamente la culpa, como dirían en mi país, no es del mono, sino de quien le da la hojilla. Y acá los repartidores de hojillas han sido Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Delcy Rodríguez y quienes han estado al frente del Ministerio de Interior y Justicia, del DGCIM y del SEBIN, entre otros.
Pero que crímenes están documentados en el informe y habrían sido ordenados por los arriba mencionados, pues hablamos, nada más y nada menos, que de actos como golpes con bates, asfixia con bolsas de plástico o humo de granadas, uso de la “señorita”, un dispositivo de tortura que permite introducir los cuerpos en tanques de agua, descargas eléctricas a los detenidos, incluso en los testículos, violencia sexual, incluida la violación con palos de madera, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, colocación de alfileres debajo de las uñas, actos de tortura y detención a miembros de la familia de personas seleccionadas, con el fin de presionar a los objetivos para que se rindieran, entre otras atrocidades.
Y tal como concluye la Misión, existen motivos razonables para creer, que “varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la DGCIM y el SEBIN cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”.
Si bien se trata de un informe, no de una sentencia, esas valiosas 22 páginas representan una luz de justicia, y tal como hemos señalado respecto a Venezuela, la justicia tarda, pero llega. Y llegará a las puertas de Maduro y de todo su mando, de eso, no tengo la menor duda.
