Entre tantas noticias que a diario suceden relacionadas a Venezuela, esta semana se suscitó una información sumamente importante por su alcance y que a nuestro parecer no se debe perder de vista. Por lo menos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro si entendió y asumió la trascendencia de esta amenaza. Así lo hizo saber en su comunicado de respuesta.
Hablamos de la extensión de la declaratoria de emergencia respecto a Venezuela contenida en la Orden Ejecutiva 13692 que Trump ordenó este 5 de marzo, argumentando que nuestro país continúa siendo considerado una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.
Esta Orden Ejecutiva data inicialmente del 8 de marzo de 2015, fue emitida por el Presidente de ese entonces Barack Obama, en la misma se declaró la emergencia nacional con respecto a la situación en Venezuela basada en la erosión de las garantías de Derechos Humanos del Gobierno de Venezuela; la persecución de opositores políticos; restricción de las libertades de prensa; uso de la violencia y las violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales; arrestos y detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de corrupción gubernamental significativa.
Año a año la orden ha sido ratificada y ampliada en su alcance, argumentando que las circunstancias que prevalecieron para dictar tal orden no han cambiado, por el contrario se han agravado y por ende Venezuela se mantiene calificada como una amenaza para la nación norteamericana.
Ahora bien ¿Que procedimientos ampara esta orden y sus respectivas extensiones que ha provocado tanta histeria y pánico en el régimen de Maduro al calificarla de oprobiosa, infame e irracional?
Para responder a ello revisemos los argumentos de las extensiones y ratificaciones de la orden en cuestión, mismas que, como el avance de un juego de ajedrez, le han cerrado el círculo de maniobrabilidad al dictador y a su régimen.
Posterior a la primera orden, se produjo una extensión el 24 de agosto de 2017, que contempló medidas adicionales en vista de los abusos graves de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela; el establecimiento de una Asamblea Constituyente ilegítima, que usurpó el poder de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y otras ramas del Gobierno de Venezuela; corrupción pública rampante; y la continua represión y persecución y violencia hacia la oposición política.
Luego, el 19 de marzo de 2018, se emitió otra orden que contempló medidas adicionales, ante las acciones tomadas por Maduro para eludir las sanciones de los Estados Unidos mediante la emisión de una moneda digital que fue denunciada como ilegal por la Asamblea Nacional elegida democráticamente por Venezuela.
El 21 de mayo de 2018, se vuelven a tomar medidas, en esa oportunidad para abordar la mala gestión económica del régimen de Maduro, la corrupción desatada y la represión de la oposición política; para castigar además el intento de socavar el orden democrático celebrando elecciones anticipadas que no fueron libres ni justas; y ante profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela.
El 1 de noviembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, hubo dos nuevos pronunciamientos para castigar al régimen de Maduro y las personas asociadas que han saqueado las riquezas de Venezuela para sus propios fines corruptos, además evidenciar la crisis migratoria, llamar la atención ante la restricción de la libertad de prensa; por el hostigamiento de opositores políticos; y los continuos intentos de socavar al presidente interino de Venezuela y la Asamblea Nacional.
El 5 de agosto de 2019, mediante nueva orden se impuso un bloqueo económico total al Gobierno de Venezuela, procediéndose a ratificar la referida orden para este año 2020.
¿Por qué esta escalada de sanciones y de presión por parte del Gobierno de Estados Unidos? Porque las condiciones en Venezuela no han mejorado y el régimen de Maduro no ha dado muestras de rectificación, y mientras ello no suceda, esta orden, con cada extensión y ampliación se mantiene vigente, y se mantendrá hasta tanto no se logre rescatar a Venezuela de las garras de la dictadura, ese ha sido el compromiso de Trump y su administración.
La Orden Ejecutiva 13692, recién ratificada, es el respaldo de la administración de Trump para actuar y dar el Jaque Mate al reyezuelo usurpador Nicolás Maduro, a quien le han inmovilizado la mayoría de sus piezas y pronto, ante el incremento de la presión, se quedará sin posibilidad de hacer movimiento alguno.
Esto es una señal inequívoca que no estamos solos, y de que el dictador se mantiene en la mira de las naciones demócratas interesadas en rescatar a Venezuela.
