La nobleza de nuestro hermano Gilber Caro es algo que se pierde de vista y nos conmueve, alguien que sabiéndose inocente pasó más de un año de cárcel, que fue vejado y torturado, tuvo el magno gesto de perdonar a su verdugo, mientras esta pedía clemencia, ese acto dice mucho de él, pero nos habla del régimen y lo que le espera.
El caso de Gilber hay que ubicarlo en su justo contexto para entender la magnitud de su gesto. El 11 de enero de 2017 el diputado fue capturado en Carabobo cuando se trasladaba en un vehículo, le montaron una olla y le sembraron un FAL calibre 72.6, cuatro barras de C4 y un cargador del mencionado fusil con 20 cartuchos sin percutir.
Transcurrieron cinco meses para que se diera su presentación, y no conforme con el ilegal retraso, la misma se dio ante un Tribunal militar, allí fue imputado por traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En su presidio injusto y arbitrario lo sometieron a aislamiento y oscuridad, a días sin agua ni alimentos. Fueron 507 días de tortura. Pero luego de vivir esta pesadilla, Gilber perdonó a su verdugo, decidió perdonar a la jueza que se prestó para que esta medida, arbitraria y violatoria de los derechos humanos del diputado, se ejecutara.
Ahora bien, una cosa es el acto del perdón y otra muy distinta es el acto de justicia. La jueza militar, Luz Mariela Santafé Acevedo, pudo recibir el perdón de una de sus víctimas, pero eso no la exime de todos los delitos que, desde su puesto de poder cometió, indistintamente si lo hizo por voluntad propia o bajo órdenes superiores.
Y allí radica la clave de lo que en estos momentos pasa en Venezuela con el verdugo mayor Nicolás Maduro Moro, a quien se señala de haber cometido crímenes de lesa humanidad por haber ordenado la violación masiva de los derechos de todos los venezolanos.
Algunas almas nobles podrán perdonarlo, pero eso no lo salvará de recibir el castigo, que él y toda su cadena de mando, se han hecho merecedores por tanto daño, tantas muertes, tanta hambre y tanto sufrimiento del pueblo.
Y es que si no hay una instancia en el país que pueda hacernos justicia, sí hay una justicia que es infalible, que es la justicia internacional, y de eso ya se están ocupando Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, que soportados en el Estatuto de Roma, solicitaron abrir una investigación relativa a crímenes de lesa humanidad de competencia en la CPI, que se cometieron en Venezuela a partir del 12 de febrero del 2014.
Los presidentes Iván Duque, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Mario Abdo Benítez, Martín Vizcarra, y el primer ministro Justin Trudeau, dieron un paso histórico y valiente para hacer justicia, al pedir formalmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que avance en la investigación de todos estos crímenes.
Le corresponderá al ente internacional revisar los informes desarrollados por expertos de la OEA y de la ACNUDH, extensos informes que documentan abusos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y delitos sexuales.
Maduro sabe que tarde o temprano la balanza de la justicia internacional favorecerá a los millones de venezolanos que han sido víctimas de su inescrupuloso régimen.
Y es que el dictador y todos sus cómplices deberán pagar por los cientos de jóvenes asesinados durante las protestas contra el régimen, por más de 300 presos políticos que permanecen injustamente tras las rejas, por haber llevado a la pobreza a 87 por ciento de su población, por condenar a 55 por ciento de los niños menores de cinco años a la malnutrición y por haber provocado el éxodo de 2,3 millones de venezolanos.
Podrán pedir clemencia, muchos llegarán a perdonarlos, pero tarde o temprano la justicia le tocará su puerta. Perdón, no necesariamente es justicia.
