La discusión de la situación de los derechos humanos en Venezuela ha estado sobre la palestra en los últimos días. Basta dar una revisión al Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de ACNUDH en Venezuela, que recientemente actualizó este organismo, y leer con detenimiento el documento presentado por la Alta Comisionada, Michel Bachelet, ante las Naciones Unidas, para llegar a la temida conclusión: Nicolás Maduro y su régimen en pleno, han resultado nuevamente reprobados en Derechos Humanos.
El informe de 88 páginas presentado por el ente veedor de los derechos humanos ante este ente internacional retoma las 43 recomendaciones que se han emitido hacia Venezuela desde el año 2019 a la actualidad.
De estas 43 recomendaciones, el régimen de Maduro no ha sido capaz de cumplir ninguna de ellas, por el contrario se ha evidenciado un franco retroceso en 33 de ellas, especialmente las referidas a detenciones arbitrarias y la separación de poderes.
Por ejemplo, en materia de derechos económicos sociales y culturales, la ACNUDH ha recomendado al Estado venezolano adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles. Solo hay que asomarse a la calle, abrir un grifo, intentar encender un bombillo, entrar a un hospital cualquiera o intentar abastecerse de gasolina, para darse cuenta de que tal recomendación y tales derechos son violados a diario.
Sobre el derecho a la vida, las primeras recomendaciones apuntadas indican que se deben adoptar de manera urgente medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Piden además la disolución de las FAES, que se investiguen de forma transparente las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad y asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Pues respecto a estas indicaciones, es obvio, que el régimen no ha cumplido ninguna.
Pero sigamos con el examen. En el ítem que refiere al espacio democrático y cívico, la ACNUDH recomienda que se respete, proteja y haga efectivos los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión y de asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos. Basta con recordar la detención, persecución y acoso a activistas de derechos humanos, de líderes comunitarios y políticos, a disidentes, así como a periodistas, para determinar que tampoco en este rubro ha habido avances.
El ente internacional pide también que se garantice que se den todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas. Y a la fecha, ¿acaso existen?
El informe aborda otro punto álgido que es la independencia del poder judicial, en este apartado pide, nada más y nada menos, que se adopten medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo; lamentablemente, en estos casos, evidenciando las actuaciones del TSJ chavista, de Tarek William Saab en la Fiscalía General, y del defensor del “puesto”, hay muy poco que podamos decir, salvo que acá también el régimen está más que reprobado. Sin mencionar la indicación que pide se desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales, llamados «colectivos armados» y se garantice la investigación de sus delitos.
Respecto a la persecución a la disidencia se ha exigido, por tres años consecutivos, se detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio. Para esta revisión no hay que hacer un gran esfuerzo, miremos las cárceles venezolanas, analicemos los expedientes montados, como mi caso, y tengamos a mano la lista de los exiliados políticos para determinar, que para nada esta petición ha sido atendida.
Sobre los derechos contemplados en la libertad individual, la ACNUDH ha recomendado se pongan en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad; se detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones; y se garanticen los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la salud, la seguridad y la dignidad de todas las personas privadas de libertad. Petición engavetada e ignorada por el régimen.
Al tocar el crítico punto de la integridad personal, el ente internacional de las Naciones Unidas ha pedido se adopten medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; punto que todos sabemos que también el régimen de Maduro incumple y hasta se ha burlado del ACNUDH y de todas las víctimas.
El informe al que hemos hecho referencia examina de manera exhaustiva la actuación y los retrocesos del régimen de Nicolás Maduro en el período del 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de este año, mismo que fue solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser presentado durante su quincuagésimo período de sesiones.
Hablamos de 43 recomendaciones incumplidas por un régimen que además está siendo sometido a un juicio mayor, el de la Corte Penal Internacional, que investiga a Nicolás Maduro por crímenes de Lesa Humanidad, entre otras indagatorias y expedientes llevados adelante por distintos órganos de justicia internacional.
Nicolás Maduro no cumple ni años, pero la justicia internacional si cumple, y más temprano que tarde, le tocará la puerta a este violador de los derechos de los venezolanos y a todo su régimen.
