Dios mío, cuánto dolor nos ha causado la muerte de más de 20 venezolanos, que esperanzados y también desesperados, huyeron de su país, exponiendo su propia vida para buscar la Libertad lejos de la dictadura, pero que no conforme con lanzarse a alta mar en embarcaciones inseguras, se tropezaron con un gobierno, como el de Trinidad y Tobago, intolerante, indolente y cruel que decidió devolverlos al país del cual partieron.
Con esta cruel política de devolución de ciudadanos, Trinidad está cometiendo crímenes de Lesa Humanidad, así de simple.
Hablamos de una crónica de muertes ya anunciada, tanto por las continuas deportaciones que ha mantenido la nación isleña, como por el silencio cómplice y colaborativo del régimen venezolano.
No olvidemos el caso de los 16 niños que fueron sometidos a gran riesgo en alta mar y que por varias horas estuvieron desaparecidos, y tampoco olvidemos la deportación de 160 ciudadanos venezolanos, en acción coordinada con el régimen venezolano.
En definitiva, tan criminal fue la acción cometida por las autoridades de Trinidad y Tobago, dirigida por Paula Mae Weekes por su intolerancia, negligencia e inobservancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, como la de Nicolás Maduro, por ser el gran culpable de la estampida desesperada de venezolanos que deciden partir por cualquier vía y a todo riesgo.
Pero en todo este entramado nos ha llamado poderosamente la atención, en primer lugar, la insistencia de Trinidad y Tobago de desentenderse de estas muertes, y en segundo lugar, la pretensión cobarde del régimen de culpar de esta tragedia a las propias víctimas, e identificar como victimarios a las mafias instaladas en la Península de Paria.
Vale destacar que estas mafias fueron creadas y su actuación ha sido amparada por el propio régimen, y a eso se debe su silencio cómplice.
La gran verdad es que desde hace más de 10 años, este régimen de narcotraficantes entregó la Península de Paria a bandas criminales que se han dedicado de manera abierta y en connivencia con las Fuerzas Armadas venezolanas, a tomar el control de la zona, al tráfico de drogas, al contrabando y a la trata de blancas, entre otros graves delitos.
De acuerdo a investigaciones de InSight Crime existen dos bandas, la de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, grupos delincuenciales que amasan fortunas producto del narcotráfico y que con ello compran la permisividad de los cuerpos de seguridad del Estado, y específicamente del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional, que tiene a su cargo la custodia de la zona.
Entonces la responsabilidad de estas muertes, no debe ser endosada únicamente a las bandas criminales, sino al régimen de Nicolás Maduro, que las creó y se ha beneficiado de ellas.
Este régimen ha hecho del narcotráfico su gran negocio y ha usado a Venezuela como asiento de sus actividades delictivas, y es por esta razón, que no reclamará a Trinidad y Tobago por estas dolorosas muertes, y por el contrario, procurará que estos venezolanos que naufragaron dolorosamente en Güiria, pasen al olvido.
La tragedia de Güiria es la expresión más cruel de la intolerancia y el odio, por eso hacemos el llamado a todos los gobiernos de la región a facilitar cobijo y refugio a los venezolanos que están huyendo de Venezuela para salvar sus vidas y las de su familia.
Conminamos al gobierno de Trinidad y Tobago a respetar los principios internacionales y resguardar la vida de nuestros hermanos, y hacemos un llamado a todas las organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos a ejercer mayor presión para juzgar al régimen venezolano por estos crímenes de Lesa Humanidad.
Prohibido olvidar esta tragedia de Güiria.
