Más de 20 días ha estado caída la plataforma del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), afectando el trámite de pasaportes y cédulas de identidad a miles de vidas de venezolanos, fuera y dentro del país, que quedaron en el limbo de la ilegalidad, por la incompetencia, la maldad, el desdén, la incapacidad y algunos especialistas sostienen que por la sed de negocios y la ambición de quienes dirigen este organismo del régimen.
Pero sin caer en detalles de las tristes excusas ofrecidas en el escueto y tardío comunicado publicado a fuerza por el SAIME ante la lluvia de denuncias y críticas por la paralización del proceso de identificación de los connacionales, acá el meollo del asunto está en que el régimen de Nicolás Maduro no sólo nos ha quitado nuestro país, sino además, hasta el derecho de nuestra identidad venezolana, incurriendo nuevamente en una violación flagrante de nuestros derechos, y en esta oportunidad, el derecho a la identidad.
Bien lo establece el artículo 56 de la Constitución venezolana que señala: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación”.
Y lo hemos señalado en innumerables ocasiones, la identidad es un derecho vulnerado en Venezuela, de diversas formas, no solo con la paralización actual del proceso de tramitación de prórrogas y nuevos pasaportes, ni con la imposibilidad de la solicitud de cédulas de identidad, sino además por la dificultad histórica y los impedimentos que han impuesto a los venezolanos para tramitar sus documentos personales.
Hablamos de su altísimo costo, el pasaporte venezolano, por ejemplo, se ubica entre los 5 más costosos del mundo y el más caro de la región latinoamericana. Pero además del costo, está en el retraso en la entrega, en lo lento del proceso, en la intervención de gestores, en las largas y extenuantes colas para cualquier trámite, y lo peor, en la cadena de engaños.
Y cuando hablamos de engaños, quiero poner la lupa en varios hechos públicos y notorios. Por ejemplo, de acuerdo con el registro de las denuncias, la plataforma del SAIME falló desde el pasado jueves 21 de junio, y en lo inmediato no hubo pronunciamientos, ni explicaciones de tal situación.
El primer intento de justificación a la paralización del sistema se produjo el 29 de junio, cuando el director nacional del servicio, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, dio a conocer que “el SAIME se está transformando tecnológicamente”, informando además que habían adquirido nuevos servidores y computadoras para actualizarse y ser más eficientes.
Y me pregunto, ¿Cómo si es que estaban en proceso de actualización tecnológica hace unos días, hoy acusan al bloqueo de EE. UU. como el gran culpable de todos los males?
Pero ojo con otro gran detalle, y acá me detengo para destacar comentarios publicados en Twitter e investigaciones realizadas por Jesús Lara, desarrollador web, ingeniero de software y gerente de proyectos, quien dirigió todos los focos a un hecho revelador, y es que descubrió que la dirección: tramites.saime.gob.ve “desapareció de las búsquedas de Google”, a lo que añadió que una razón para que esto suceda es que el registro de dominio haya sido borrado.
Entiéndase bien, ni actualización o transformación tecnológica, ni bloqueo, la falla fue provocada y todo indica, un gran negocio tras este hecho.
Para Lara, es la empresa Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A. la que pudiera estar encargándose de la nueva plataforma, de allí la caída intencional de la web. Un consorcio que ya ha trabajado con el carnet de la patria, la plataforma del Petro, con el CNE y el Banco de Venezuela. Y que según el Departamento del Tesoro de EE.UU, Ex-Cle C.A. se ha beneficiado con contratos valorados en millones de dólares con el régimen de Nicolás Maduro, amén de haber sido la empresa que llevó a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que dio paso a la ilegítima AN.
Se trata pues de otro acto criminal e indolente cometido por el régimen de Nicolas Maduro, a quien poco le han importado todas las historias de dolor, de frustración, esfuerzos y sacrificios que se generan cada vez que un venezolano, en su Patria o en cualquier parte del mundo donde se ha tenido que refugiar, se ve en la urgencia de intentar obtener sus documentos. Algo que en otros países opera con regularidad y fluidez, en Venezuela, se ha convertido en todo un calvario y en un gran negocio.
