Sin respetar la inmunidad y con total impunidad, el régimen del usurpador Nicolás Maduro ha atacado y amputado a la Asamblea Nacional venezolana, una instancia que para sus ciudadanos y el mundo, representa el único poder legítimo en Venezuela.
Este parlamento lo elegimos el domingo 6 de diciembre de 2015, en el último proceso comicial considerado legítimo en el país y en el que participaron 14.385.349 de electores.
De esta histórica participación, ocho millones de venezolanos reclamaron el cambio, le gritaron al régimen con sus votos la necesidad imperativa de cambiar el rumbo pero lamentablemente, a este reclamo de hace ya cuatro años, Nicolás Maduro hizo oídos sordos.
Aquel día el régimen sufrió una herida mortal, de 167 curules, 112 escaños quedaron representados por la Unidad mientras que el oficialismo, alcanzó apenas 55. A partir de ese hito, el régimen juró vengarse y hoy estamos viviendo las consecuencias.
Elecciones fraudulentas, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente irrita, decisiones de un Tribunal Supremo de Justicia complaciente del régimen, asedio, ataques violentos, asesinatos, persecución y prisión para los diputados, son solo algunas de las acciones emprendidas por el régimen para llevar a cabo su venganza.
Al día de hoy más de 30 diputados han sido sometidos a la violencia institucional del régimen, a 8 de ellos le han allanado la inmunidad, 3 han sido destituidos por el ilegítimo TSJ, 13 han tenido que asumir el exilio, 5 se encuentran en embajadas o residencias diplomáticas de otros países en Venezuela y 3 de ellos hoy están injustamente encarcelados. Los más recientes casos de detención y secuestro demuestran al mundo, el carácter criminal de la dictadura de Nicolás Maduro.
Ponemos el énfasis en tres de tantos casos, todos graves, hablamos de los diputados Juan Requesens, Gilber Caro y Edgar Zambrano, detenidos sin orden alguna y a la fuerza, a quienes se les violó flagrantemente su inmunidad parlamentaria, quienes hoy se encuentran tras las rejas del SEBIN, como el diputado Requesens o, se mantienen desaparecidos, tal como es el caso de Caro y Zambrano, de quienes sus familiares y abogados no saben nada luego de sus arbitrarias detenciones y por los que hoy se exige una fe de vida.
El parlamento es en esencia la casa del pueblo, allí cada región está representada en sus diputados. Hoy el régimen del usurpador Nicolás Maduro, en su afán de mantener el poder a toda costa, insiste secuestrar el Palacio Federal Legislativo y el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, produciendo escenarios que le permitan justificar la militarización por los cuatro costados y prohibir el acceso de nuestros diputados y de los medios de comunicación.
Por la vía de la fuerza han pretendido impedir que nuestros diputados ejerzan el mandato que les ha dado el pueblo venezolano, irrespetando todas y cada una de las prerrogativas del Poder Legislativo, tales como la inviolabilidad, la inmunidad y la autonomía reglamentaria.
Lo que Maduro pasa por alto, en su empeño por defenestrar al único poder reconocido por más de 54 naciones e instituciones del mundo, es que el Parlamento no es una sala de sesiones o un edificio, el parlamento está representado en cada diputado electo aquel 6 de diciembre de 2015. Cada diputado preso, exiliado, asilado o desde la clandestinidad cumplirá el rol y la misión que asumió luego de su juramento aquel 5 de enero de 2016.
El cambio en Venezuela inició y sin retorno, el cese definitivo de la usurpación está cerca y ni el propio Nicolás Maduro ni sus cómplices lo van a poder detener.
Hoy nuestro país nos exige mantenernos más unidos que nunca, como una sola fuerza esperanzada y dando apoyo y protegiendo a la Asamblea Nacional y a nuestro Presidente (E) Juan Guaidó.
No perdamos la fe.
