A las puertas de un escenario electoral, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, abrió la temporada de caza de la oposición.
En el término de una semana ordenó la detención, judicialización y anulación política de cuatro candidatos opositores, hablamos de Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga Blandon y Juan Sebastián Chamorro, todos aspirantes a la presidencia de cara a las elecciones de noviembre y todos detenidos de forma arbitraria por las fuerzas de seguridad de la dictadura sandinista.
Se trata de un guión, el mismo guión que siguen los dictadores para perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Lo ha hecho Ortega en Nicaragua, y estos cuatro precandidatos detenidos son evidencia de ello, lo hizo Puttin al arreciar en contra de Alexei Navalny y todo asomo de disidencia, por años lo ha hecho Cuba, y por supuesto, ha sido la práctica recurrente de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. El régimen de Daniel Ortega sigue con su guión de persecución al mejor estilo del chavismo en Venezuela.
Todos estos dictadores, valiéndose del poder, y de la forma más cobarde, han aniquilado a la oposición mediante la judicialización y criminalización de los líderes que la representan.
Ortega en su momento, al igual que Maduro hoy, en un intento de aliviar la presión económica y las sanciones internacionales, abrió un proceso de diálogo, y llegó más allá, se comprometió con la Organización de Estados Americanos el año pasado para lograr un sistema electoral nicaragüense más “justo”.
Pero ante el inminente fin del plazo acordado para las prometidas reformas, Ortega se acobardó, nombró a sus partidarios como rectores del ente electoral nicaragüense, e impuso una serie de leyes que le permiten detener y descalificar a cualquier ciudadano que le disienta, incluidos periodistas y dirigentes políticos. Con lo que podemos decir que cualquier parecido con la realidad de Venezuela y el actuar de Nicolás Maduro, en el caso de Nicaragua, no es ninguna coincidencia.
Primero se ordenó la detención de la periodista y precandidata Cristiana Chamorro, quien calificó a Ortega de “dictador” y le señaló de estar “muerto de horror” ante la posibilidad de perder el poder.
Chamorro quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH) está bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio por orden del Poder Judicial, acusada de cometer supuestos delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos”, con su consecuente inhabilitación política. Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre.
Tres días después se supo de la detención de otro precandidato presidencial, Arturo Cruz, fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando llegaba de Estados Unidos, lo acusan por, presuntamente, “contar fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
Pero la cacería no se detuvo, la tercera y cuarta presa de la caza fueron Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, dos fuertes contrincantes de Ortega ante las venideras elecciones.
Maradiaga fue acusado de realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares” y por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”. Mientras que Juan Sebastián Chamorro está siendo acusado de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Todos judicializados bajo la nueva ley de seguridad aprobada en diciembre por Ortega que señala y encarcela a “quienes piden, celebran y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado nicaragüense”.
Un texto que, si vemos con detenimiento, resulta de un calco de la no menos polémica e irrita Ley contra el Odio que fue impuesta en Venezuela en noviembre de 2017, y que fue creada para perseguir a los enemigos de Maduro, bajo la premisa de castigar los actos que inciten al odio, la discriminación o la violencia, al tiempo que le da atribuciones para cerrar medios de comunicación que sean considerados inadecuados o incomodos al régimen.
Sin duda que la Ley de Seguridad de Ortega y la Ley contra el Odio de Maduro, en la práctica sirven para el mismo propósito, servir de instrumento de persecución perfecto para ambos dictadores.
Desde todos los rincones del planeta se debe ejercer presión y elevar la voz para exigir la libertad inmediata y restitución de todos los derechos de estos cuatro candidatos presidenciales nicaragüenses, así como la libertad a todos los presos políticos, el cese de la persecución a la dirigencia opositora venezolana y la abolición de este tipo de leyes cobardes que lo único que buscan es perpetuar en el poder a dictadores criminales y cobardes como Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
Nicaragua y Venezuela merecen ser naciones libres y democráticas.