Ciertamente, esperar que una dictadura, como la de Venezuela, haga un acto de justicia, es lo mismo que esperar que Maduro se convierta en demócrata, es decir, algo imposible y extremadamente inocente de creer.
Pero no por ello, debemos quedarnos callados ante la abominación, porque no podemos llamar de otra forma, el acto cometido en contra de venezolanos inocentes que en la madrugada de este jueves fueron condenados, no porque demostraron sus delitos, por el contrario, no cometieron delito alguno, sino porque todos estos valientes, que alguno de ellos recibieron condenas de hasta 30 años, se atrevieron a levantar sus voces y sus puños en contra de este régimen oprobioso, y llamaron a las cosas por su nombre, gritaron a los cuatro vientos la gran verdad que en Venezuela hay una criminal dictadura.
Tal como actúan los esbirros y las mafias, amparados en la oscuridad, a las 4:07am de este 4 de agosto de 2022, la jueza Hennit Carolina López Mesa se sumó a la larga lista de jueces tarifados del régimen, y emitió la más injusta de las decisiones en un juicio plagado de irregularidades e inconsistencias que pretendía dar veracidad al caso del atentado con drones registrado el 4 de agosto de 2018 en contra de Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas.
Un caso por el cual fue secuestrado, preso y torturado mi hermano Juan Requesens, y otros 16 venezolanos han sido perseguidos y encarcelados.
Pero detallemos esta abominable decisión del Tribunal Especial Primero contra el Terrorismo que declaró culpables y condenó a 17 inocentes a quienes, sin pruebas que los incriminen, los hizo responsables por el “magnicidio frustrado” de Maduro.
En la misma Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Emirlendri Benitez, Yanin Pernía, Alejandro Pérez Gámez y Pedro Zambrano fueron condenados a 30 años de prisión.
Angela Expósito recibió la condena de 24 años de prisión, mientras que José Eloy Rivas recibió la sentencia de 20 años y el General de Brigada Héctor Hernández Da Costa, 16 años de cárcel.
El diputado Juan Requesens fue condenado a 8 años de prisión, al tiempo que Wilder Vásquez fue condenado a 5 años.
Todos señalados por los presuntos delitos de traición a la Patria, conspiración, homicidio intencional calificado en grado de frustración, lanzamiento de artefacto explosivo, terrorismo, daños violentos a la propiedad, asociación para delinquir y por las heridas que sufrieron algunos militares el día del suceso.
Lo grave de este caso del 2018, que cuatro años de juicio, no alcanzaron para que el régimen, su fiscalía y sus jueces, lograran comprobar la participación de alguno de los mencionados con el dron.
Una decisión infame, abominable que demuestra una vez más que en dictadura no hay justicia posible, solo actos como estos, de injusticia pura. Todos son inocentes, de eso no nos quedan dudas.
