La paciencia se está agotando y el único que se niega a verlo es Nicolás Maduro. Su cuenta regresiva ya está andando, el encargado de echar a andar el mecanismo fue Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, al dar a conocer, el pasado 31.03.2020, el “Marco de Transición Democrática” para Venezuela.
Una advertencia puesta sobre la mesa por varios actores de la política norteamericana. Mauricio Claver-Carone, director de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lo dijo hace apenas unos días: “Oferta de EE.UU a Nicolás Maduro es demasiado generosa”, también lo recordó Pompeo al reiterar la postura de Washington sobre Venezuela: “Nicolás Maduro no volverá a gobernar” y lo ratificó Elliott Abrams, enviado especial de EEUU quien advirtió al usurpador que “si el régimen decide trágicamente que va a subyugar, que va a reprimir más, probablemente esté haciendo que la transición sea igual de probable, pero más peligrosa y brusca”.
Estos tres principales portavoces de la administración Trump reconocen que aún no han llegado al 100% de presión máxima que iniciaron en enero de 2019 con el régimen de sanciones y las investigaciones en contra de la corrupción y el narcotráfico, señalan que han llegado a un 60 o 70%, y aspiran que este nivel les permita una transición democrática y pacífica para Venezuela.
El fantasma de Manuel Noriega en Panamá en los años 80 debe ser la figura recurrente en las pesadillas de Maduro, sabe que Estados Unidos lo compara con el dictador panameño, tanto por su corrupción, como por sus acciones represivas y dictatoriales y por ponerse al servicio del narcoterrorismo.
El Marco para la Transición Democrática de Venezuela es un conjunto de condiciones que deberían cumplirse de forma paulatina con la promesa de ir levantando las sanciones impuestas sobre el país latinoamericano.
Establece como prioridad el restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional, y la anulación de la declaración de desacato que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia, leal al régimen.
Todos los “presos políticos” deberían ser puestos en libertad y debe concluir la persecución legal de la que en los últimos años han sido objeto diputados opositores.
Solicita la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, creada e impulsada por Maduro tras su derrota en las elecciones legislativas de 2015.
Impone además el retiro de todas las fuerzas extranjeras, de Cuba y Rusia, presentes en Venezuela.
Una vez cumplidas estas condiciones, se abriría el compás para una nueva fase, un nuevo mecanismo electoral que implicaría la elección por consenso entre el chavismo y la oposición de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo.
A partir de allí se formaría un Consejo de Estado, con representación de chavismo y oposición, que se establecería como gobierno de transición hasta la celebración de nuevas elecciones en un plazo de entre 6 y 12 meses.
Esto es lo que a grandes rasgos contempla el Marco de Transición Democrática para Venezuela. Maduro, quien además hace unas semanas, fue acusado por el fiscal General de EE.UU. William Barr, por narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción, sabe que, de no cumplir con las condiciones impuestas, irremediablemente vendrán medidas más bruscas y la presión llegará a su nivel máximo, al 100%.
La pregunta claves es: ¿Querrá verse Maduro en el mismo espejo de Manuel Noriega?. Lo cierto es que la cuenta regresiva está andando, y la paciencia se agotando.
