No hay informe, ni documento que logre borrar las atrocidades, las torturas, ni los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, y mucho menos si este informe fue redactado en base a un solo punto de vista y que dejó de lado a las verdaderas víctimas de Venezuela.
Decepcionante resulta una palabra muy sutil para intentar calificar la actuación de Alena Douhan, la relatora designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para, inicialmente, evaluar la situación de los derechos en nuestro país.
Y resultó decepcionante, porque el informe preliminar emitido por la relatora, de quien no pretendemos denigrar, se centra convenientemente en un solo factor, como las sanciones internacionales, haciendo a éstas las principales responsables de la tamaña crisis humanitaria de Venezuela. Una tesis que curiosamente se adapta a la perfección a la narrativa que ha querido implantar el régimen para liberarse de su merecido castigo por sus acciones criminales.
Douhan obvió en su informe preliminar, por ejemplo, que la represión y las muertes de venezolanos en protestas, que las torturas y la existencia de presos políticos en las mazmorras del régimen, se venían registrando muchos años antes de la existencia de las sanciones a funcionarios que han violado de forma persistente los derechos humanos. O pretende la relatora pasar por alto, las muertes, persecución, tortura y acoso a miles de venezolanos que se expresaron en las calles durante el paro petróleo del 2002 o las protestas del 2014.
2017 fue el año en el cual se establecieron las primeras sanciones a miembros del régimen de Nicolás Maduro. Y es evidente, el pueblo venezolano es testigo y víctima de ello, que la crisis en Venezuela tuvo su origen mucho antes. Todo comenzó a deteriorarse en los inicios de esta revolución, cuando por orden presidencial acabaron con el aparato productivo nacional, expropiaron grandes empresas y fincas, intervinieron PDVSA y la banca, con la clara pretensión de adueñarse de todo, y lo que lograron fue dejar el país en la nada.
La señora Douhan, refirió a las presuntas consecuencias de las sanciones, pero hizo mutis a la hora de hablar sobre las razones que las generaron.
Y es que no tiene que hacer un esfuerzo bárbaro para hallarlas, basta hacer una corta búsqueda para encontrar el más reciente informe elaborado y documentado por la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela conformada el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mismo ente que la designó.
En esas 443 páginas, los miembros de la misión recopilaron los testimonios de más de 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, todos ellos, con sus testimonios, hablaron por todos y cada uno de los venezolanos que sufren a diario los rigores de este régimen.
Vale destacar que a los miembros de esta Misión se les impidió ingresar al país, no así a la relatora, quien en todo momento que permaneció en el país, fue “protegida” por los esbirros del verdugo.
La relatora, quien fue designada para verificar las reales condiciones del pueblo venezolano y las violaciones a sus derechos, prefirió penalizar a las sanciones y despenalizar a los criminales, a quienes han violado todos sus derechos.
En su informe, la relatora obvió y pretendió contradecir a la misión de expertos que la antecedió, y que por cierto determinó que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad desde el año 2014, entre los que destacaron crímenes como: Encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, los actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y otros actos inhumanos.
Misma misión que determinó que el Presidente y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, que estos estaban en estrecho contacto con otros miembros de la FANB, incluido la GNB, y también con los directores de la PNB, el CICPC, el SEBIN y la DGCIM; y que daban órdenes, coordinaban actividades y proporcionaron recursos para llevar a cabo los planes y políticas de exterminio.
Entonces, respetada señora Douhan, esperamos que para su informe final, contemple estas observaciones, se sirva buscar y documentar mejor ese documento, y no se deje embaucar por los esbirros del verdugo y sus secuaces, quienes solo mostraran el lado conveniente de nuestro país y no la realidad.
Una realidad que va más allá de las puertas de un hotel capitalino y que evidencia a un pueblo que sufre, mientras un pequeño grupo se enriquece de la necesidad; que devela a un pueblo que hace largas colas para intentar conseguir agua, gasolina o gas y que pasa extenuantes horas sin luz, que también demuestra lo que acontece en las cárceles, donde los presos mueren de hambre, son torturados y se les niega la justicia.
Una realidad que deja a desnudo a un régimen corrupto que ha acabado con la moneda nacional, que se ha enriquecido, mientras sus ciudadanos se empobrecen y deterioran cada vez más.
Y si no es cierto lo que afirmamos, ¿no le parece un contrasentido el hecho de que un verdugo celebre y defienda la actuación de un defensor de derechos humanos? Tenga estos detalles en cuenta para su informe final.
